Vacuna VPH Obligatoria Contradice Doctrina Social de la Iglesia Católica

El reciente Proyecto de la Cámara 1303 establecería una ley de vacunación mandatoria para todo menor como requisito para ser admitido o matriculado a escuela o “centro de cuidado diurno, centro de tratamiento social o centros de administración de exámenes relacionados a estudios en el hogar [“homeschooling”]” (pág. 13 énfasis añadido). Este proyecto le daría poderes extraordinarios al Secretario de Salud de turno, obligaría a vacunar a todos los estudiantes exentos, sin necesidad del consentimiento de los padres, durante una epidemia según lo determine el Secretario de Salud. [1] Dada esta intromisión excesiva del gobierno junto a la reciente imposición de la vacuna del virus del papiloma humano (VPH), es vital recordar un principio fundamental de la Doctrina Social de la Iglesia Católica.

La imposición de la vacuna VPH como condición a la educación de nuestros niños ataca la dignidad humana y la familia. La vacunación obligatoria contradice la ética. Atenta contra el derecho del paciente a un consentimiento libre e informado.

Este mandato también viola el principio de subsidiariedad que enseña la Iglesia Católica, según el cual los asuntos se deben resolver al nivel más local o individual posible, no de una manera globalizada. El núcleo de toda organización social es la persona humana dentro del marco familiar, no el estado. El estado debe estar al servicio de la persona, no la persona al servicio del estado. Cuando el principio de subsidiariedad se viola, puede haber una intervención excesiva del estado que amenaza la libertad personal y los derechos básicos.

La vacuna VPH obligatoria representa una intervención excesiva y totalitaria del estado con respecto a la salud individual, los derechos a la libertad e intimidad de los ciudadanos, los derechos parentales, y el derecho de los jóvenes a una educación libre. No hay razón superior alguna que justifique que el Secretario de Salud ordene una vacunación obligatoria como requisito de matrícula contra un virus que (i) no se contagia casualmente en el salón de clases, y (ii) que se cura espontáneamente en la mayoría de los casos. No hay razón superior alguna que justifique que el gobierno condicione la educación de niños sanos, no activos sexualmente, a someterse al riesgo de una vacuna ineficaz, innecesaria, y con potenciales efectos adversos graves (como muerte, menopausia prematura, discapacidad y daños permanentes). El estado estaría forzando a nuestros niños a sufrir esos riesgos bajo la premisa cuestionable de que son incapaces de abstenerse.

En Fieles a la Verdad damos charlas sobre la castidad. Hemos conocido muchos jóvenes que viven esta virtud, que reconocen que el verdadero amor espera y que se es realmente libre y feliz cuando ordenamos con la recta razón el don de la sexualidad. También hemos conocido matrimonios maravillosos que están educando a sus hijos en las virtudes, el auto-control, la abstinencia. Nuestros jóvenes necesitan conocer la verdad sobre su dignidad, el matrimonio, el don de la entrega mutua de los esposos y la apertura a la vida. A todo Católico Dios lo llama a una de tres vocaciones: el matrimonio o el celibato bien en la vida sacerdotal o religiosa, o en la vida secular. Los jóvenes llamados al celibato nunca se contagiarán con una enfermedad de transmisión sexual como el VPH. Los llamados al matrimonio tampoco se contagiarán si viven la castidad y la fidelidad conyugal.

El falso sentido de seguridad al vacunarse contra el VPH podría aumentar la promiscuidad, la experimentación prematura y extramarital, y el descuido de las pruebas de detección (como la prueba de Pap que es el arma más eficaz contra el cáncer cervical) correspondientes. Este falso sentido de seguridad lo demuestra el uso de anticonceptivos que, en vez de evitar abortos, está relacionado a un incremento en libertinaje y abortos. En el caso de la vacuna, ese falso sentido de seguridad podría aumentar la incidencia de VPH y otras enfermedades. Esto podría redundar en mutaciones virales de difícil manejo clínico en un futuro. Además, la promiscuidad tiene consecuencias físicas, espirituales, emocionales, e intelectuales catastróficas. Cambiar el estilo de vida puede prevenirlas. Que algunas personas lleven estilos de vida peligrosos no es excusa para la vacunación obligatoria.

Los promotores de la vacuna VPH obligatoria insisten en pintar un cuadro de “epidemia nacional” de cáncer cervical que no existe. La tasa de cáncer cervical en Puerto Rico es aproximadamente de 11.4 por cada 100,000 mujeres; i.e., un .0114% y no un 11.4% como alegan. Además, Gardasil 9 no erradica el VPH ni el cáncer cervical. Dice proteger por un tiempo limitado, hasta 8 años, 9 de las más de 170 cepas que hay. La infección con VPH no implica necesariamente el desarrollo de cáncer. Fumar tabaco, la promiscuidad, infección con VIH y usar contraceptivos orales pueden aumentar tal probabilidad.

Como laicos comprometidos con los derechos básicos de la persona humana y la familia, pedimos al Secretario de Salud que suspenda la obligatoriedad de la vacuna VPH. También pedimos a los legisladores que se opongan a medidas draconianas, como el PC 1303, que imponen una intromisión totalitaria del gobierno en la vida privada y derechos fundamentales de la persona. Se debe respetar el consentimiento libre e informado y el derecho de los padres a decidir si vacunar o no a sus hijos contra un virus que no se transmite casualmente, y que el cuerpo elimina espontáneamente en la mayoría de casos. Es una intervención excesiva e injusta del gobierno obligar a los padres (o imponer sanciones o ir por encima de su consentimiento como haría el PC 1303) a ponerle a sus hijos una vacuna con posibles efectos adversos graves y cuya eficacia es cuestionable.

Nota:

[1] El PC 1303 ampliaría los poderes del Departamento de Salud, a expensas de los derechos y prerrogativas de padres y estudiantes. El Secretario del Departamento publicaría anualmente “las enfermedades contra las cuales los estudiantes y menores de edad deben ser vacunados,” según lo determine “tomando como referencia las recomendaciones” del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización (ACIP) del Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud Federal (pág. 24).” Tendría autoridad para imponer sanciones por incumplimiento, multas entre $500 hasta $5000, según el caso. También el Secretario de Educación o el Secretario de la Familia impondría sanciones administrativas, según proceda (pág. 18). “Las exenciones por razones religiosas serán nulas en cualquier caso de epidemia declarada por el Secretario de Salud” (pág. 18, énfasis añadido). Los estudiantes exentos “podrán ser vacunados durante una epidemia, según lo determine un representante autorizado del Departamento de Salud […] sin necesidad del consentimiento de los padres o tutores” (pág. 17).

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