Restaurar la Libertad Religiosa No Legaliza el Discrimen, sino que Protege de Discrimen

Algunos han acusado el P. de la C. 1018 de “legalizar el discrimen” bajo el “pretexto” de la libertad religiosa de una “minoría vociferante.” Lo llaman “ofensiva fundamentalista” que “institucionaliza” o “legaliza el discrimen” porque, según alegan, permitiría a un funcionario público no ofrecer servicios a un ciudadano “por el simple hecho de no coincidir con su religión, su forma de vestir, su manera de pensar, su estilo de vida, su identidad de género, su orientación sexual o, sencillamente, por no concebirlo igual a él o ella” (por ej., Guadalupe, 2017). A los defensores de la medida los han tildado de fanáticos intolerantes “aferrados al dogmatismo de sus religiones.” Se les ha acusado de tener una “intención oculta de resistencia a la igualdad y el odio a la diferencia,” “una visión de mundo arcaica, matizada de absurdos fundamentalismos religiosos,” y “una forma rígida de concebir las relaciones sociales sostenida de preceptos religiosos, que, de no detenerlos a tiempo, pondrán en riesgo los fundamentos básicos de la civilización humana.”

¿Es ese lenguaje cónsono con la tolerancia y la justicia? ¿No denigra ese lenguaje destemplado a un nutrido sector de nuestra sociedad que, en lugar de “minoría vociferante,” es realmente una mayoría [1] silente? ¿No es un insulto tildar de “pretexto” lo que para un ser humano es un preciado derecho? ¿No son precisamente expresiones como ésas las que subrayan la necesidad de aprobar medidas como el P. de la C. 1018? Es contradictorio que los que dicen defender la tolerancia, la diversidad, y la equidad, las menosprecien y ataquen cuando se trata de credos religiosos.

Esas acusaciones, además, carecen de fundamento. El que reconocidos políticos demócratas liberales hayan respaldado las leyes de Restauración de la Libertad Religiosa (RFRA) subraya que ellas no discriminan contra grupo alguno ni imponen creencias religiosas, ni están reñidas con la separación de Iglesia y Estado, ni impiden servicio alguno. El expresidente Barack Obama, liberal y antes profesor de Derecho Constitucional, votó a favor de la ley RFRA en 1998 cuando era senador del estado de Illinois. De hecho, el Senado de dicho estado aprobó esa medida por unanimidad.

Asimismo, el expresidente Bill Clinton firmó la ley federal RFRA (1993), que la Cámara de Representantes había aprobado por unanimidad y el Senado por una inmensa mayoría de 97-3. Charles Schumer, entonces Representante de Nueva York y ahora Líder de la Minoría Demócrata en el Senado, fue el autor de la medida. Al firmar dicha ley, Clinton declaró:

Todos tenemos un deseo en común, de proteger lo que es tal vez la más preciada de todas las libertades americanas, la libertad religiosa. […] Al libre ejercicio de la religión se le ha llamado la primera libertad, la que originalmente provocó el desarrollo de toda la gama de la Carta de Derechos. […] [Los fundadores de la Nación] comprendían lo que podía pasarle a nuestro País, cómo tanto la religión como el gobierno podrían pervertirse si no se creaba un espacio y se proporcionaba una protección. Sabían que la religión ayuda a dar a nuestra gente el carácter sin el cual una democracia no puede sobrevivir. Sabían que era necesario un espacio de libertad entre el Gobierno y las personas de fe que, de otro modo, el Gobierno podría usurpar. Han visto ahora, todos nosotros, que la religión y las instituciones religiosas nos han dado la fe y la disciplina, la comunidad y la responsabilidad durante dos siglos, y nos han permitido vivir juntos de una manera que creo que no habría sido posible. [2]

Otros políticos liberales como Nancy Pelosi, Joe Biden, Edward Kennedy, Harry Reid y John Kerry apoyaron la RFRA (Wallace, Bowser, & Jones, 2015). Grupos diversos, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), Americanos Unidos por la Separación de Iglesia y Estado, Asociación Nacional de Evangélicos, Congreso Judío Americano, Sociedad Jurídica Cristiana, y el Comité Conjunto Bautista para la Libertad Religiosa, formaron parte de las 68 organizaciones religiosas y de derechos civiles que aunaron sus esfuerzos para que se aprobara la ley RFRA federal (Colby, 2014).

Ya veintiún estados han adoptado sus propias leyes RFRA que, aunque no necesariamente idénticas a la federal, mantienen su esencia. Entre ellos se encuentran varios estados demócratas y liberales [3]. De hecho, Connecticut e Illinois, que cuentan con leyes RFRA desde los 1990, se consideran de los estados más receptivos para las personas y grupos LGBTT.

Claramente, esos estados, congresistas y expresidentes liberales no encontraron visos de discrimen o inconstitucionalidad en las leyes RFRA. El propósito y efecto de estas leyes, como la que propone el P. de la C. 1018, no son discriminar contra grupos (Bernstein, 2003; Blackman, 2015; Hemingway, 2015b; Laycock, 1994, 2004a, b), sino impedirlo. Protegen a las personas de la intervención atropellante del gobierno. Tan es así que Douglas Laycock, defensor del matrimonio entre personas del mismo sexo, concluye que la ley RFRA “equilibra adecuadamente los intereses encontrados, mientras que protege los diversos compromisos religiosos del pueblo americano” (Laycock, 2014b) y “es un esfuerzo para promulgar la teoría de que el libre ejercicio de la religión es una libertad cívica sustantiva, que las minorías religiosas entre nosotros pueden practicar su fe y no simplemente pensar o creer en ella” (1994, pág. 895) [4]. Laycock añade: “Creo en la ‘libertad y la justicia para todos,’ con énfasis en ‘todos’” (McCormack, 2015) [5]. La ley RFRA, además, “incentiva a los funcionarios gubernamentales a encontrar formas mutuamente beneficiosas de lograr un interés gubernamental, respetando al mismo tiempo el ejercicio religioso de los ciudadanos, una solución que beneficia a todos” (Colby, 2014) [6].

De hecho, E. Gregory Wallace, Richard Bowser y Amos Jones (2015, pág. 6), profesores de Derecho, concluyen que las cortes han sido muy cautelosas al poner en vigor las leyes RFRA y que, durante sus más de 20 años de existencia, ninguna de esas leyes se ha usado para justificar o defender el discrimen hacia las personas LGBTT u otro grupo (ver también Mattox, 2015). Los casos típicos que se han litigado bajo las leyes de libertad religiosa [7] demuestran claramente que éstas no discriminan sino que protegen contra el discrimen (ver Blackman, 2015; Hemingway, 2015a, b; Laycock, 2014b). A manera de ejemplo:

• Hobby Lobby. El Obamacare obligaba a esta corporación de la familia Green que incluyera como parte del seguro médico de sus empleados cobertura para contraceptivos abortivos. Esto iba en contra de los principios Cristianos de la familia Green. El gobierno tenía otros medios para ofrecer dichos contraceptivos. El caso llegó a la Corte Suprema, la cual dictaminó a favor de Hobby Lobby en el 2014.
• Little Sisters of the Poor. El gobierno federal le ordenó a esta orden de monjas Católicas que sirven a ancianos pobres, que el seguro médico para sus empleados incluyera la cubierta de contraceptivos, lo cual contradice la doctrina Católica. Finalmente, en el 2016, la Corte Suprema remitió el caso al tribunal de apelación, y ordenó a la administración y a la organización a llegar a un arreglo.
• Kawal Tagore. Una vez se bautizó en la fe Sij (Sikh), Tagore cargaba consigo el kirpan (una pequeña daga curva sin filo), símbolo de justicia, uno de los cinco artículos de fe que los Sijs deben llevar consigo. El IRS (Internal Revenue Service, Houston) le despidió, a pesar de que en el edificio federal se permitía la entrada de cuchillos, tijeras, etc. Las partes llegaron a un acuerdo en el 2014.
• Simmer Singh. Bajo la RFRA, en 2016 este Capitán del Ejército obtuvo la debida protección para llevar el turbante y barba sin cortar, necesarios en su fe Sij. A pesar de haberse graduado de West Point y haber recibido la Estrella de Bronce, se le había presionado para que se sometiera a pruebas discriminatorias.
• Curtis DeVeaux. El Cuerpo de Bomberos de Filadelfia lo suspendió sin paga cuando se dejó crecer una barba según lo requiere su fe Musulmana, a pesar de que se había dado acomodo a otros bomberos que lucían barbas. En el 2007, la corte dictaminó a su favor.
• Robert Soto (Texas). El gobierno federal prohíbe la posesión de plumas de águila sin permiso, el cual otorga solo a ciertos grupos e instituciones. A Soto, un líder religioso Nativo Americano (Apaches Lipan) y bailarín de plumas, le incautaron unas plumas de águila en 2006, durante un powwow o ceremonia religiosa en la que ellas son necesarias. Por orden judicial, el gobierno federal tuvo que devolverle las plumas de águila (2015).

Las decisiones en los casos anteriores no avalan el discrimen, sino que lo evitan. No aprueban el discrimen, sino que lo impiden. Armonizan los intereses de todas las partes, a tenor con la sana convivencia en un sistema democrático. Los servicios correspondientes se han seguido ofreciendo.

Notas

1. Según los datos más recientes del Pew Forum acerca de la distribución religiosa en Puerto Rico, sólo el 1.9% de la población declara no estar afiliada a religión alguna. Por otro lado, 96.7% de la población es Cristiana; el resto, con menos de 1% cada una, pertenece a las siguientes: Judía, Musulmana, Hindú, Budista, Indígenas, y otras. Fuente: https://www.globalreligiousfutures.org/countries/puerto-rico/religious_demography#/?affiliations_religion_id=0& affiliations_year=2010.
2. “We all have a shared desire here to protect perhaps the most precious of all American liberties, religious freedom. […] The free exercise of religion has been called the first freedom, that which originally sparked the development of the full range of the Bill of Rights. Our Founders cared a lot about religion. And one of the reasons they worked so hard to get the first amendment into the Bill of Rights at the head of the class is that they well understood what could happen to this country, how both religion and Government could be perverted if there were not some space created and some protection provided. They knew that religion helps to give our people the character without which a democracy cannot survive. They knew that there needed to be a space of freedom between Government and people of faith that otherwise Government might usurp. They have seen now, all of us, that religion and religious institutions have brought forth faith and discipline, community and responsibility over two centuries for ourselves and enabled us to live together in ways that I believe would not have been possible. We are, after all, the oldest democracy now in history and probably the most truly multiethnic society on the face of the Earth. And I am convinced that neither one of those things would be true today had it not been for the importance of the first amendment and the fact that we have kept faith with it for 200 years” (Clinton, 1993).
3. Los siguientes veintiún estados tienen su propia ley RFRA: Alabama, Arkansas, Arizona, Connecticut, Florida, Idaho, Indiana, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiana, Mississippi, Missouri, New Mexico, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Tennessee, Texas, and Virginia (Blackman, 2015). Ello ha sido necesario porque en el 1997 (City of Boerne v. Flores), la Corte Suprema de los Estados Unidos determinó que la ley RFRA federal sólo aplica al gobierno federal y no a los estados (Blackman, 2015). Trece estados adicionales tienen protecciones similares a las de las leyes RFRA.
4. “The Religious Freedom Restoration Act appropriately balances competing interests as it protects the diverse religious commitments of the American people” (Laycock, 2014b). “[The RFRA] is an effort to enact the theory that the free exercise of religion is a substantive civil liberty, that the religious minorities among us get to practice their faith and not merely to think about it or to believe in it” (Laycock, 1994, pág. 895).
5. “I believe in ‘liberty and justice for all,’ with an emphasis on ‘all’” (McCormack, 2015).
6. “RFRA incentivizes government officials to find mutually beneficial ways to accomplish a governmental interest while respecting citizens’ religious exercise—a win-win solution for all” (Colby, 2014).
7. Para más información sobre éstos, y casos adicionales, ver los sitios web de Becket Law, Alliance Defending Freedom, First Liberty Institute, Thomas More Law Center y Family Research Council; a saber: https://www.becketlaw.org/research-central/rfra-info-central/stories/; https://www.adflegal.org/issues/religious-freedom; https://firstliberty.org/; https://www.thomasmore.org/; https://www.frc.org/religion-in-public-life