Nunca investiguen a las clínicas abortistas: el Rey Obama no quiere

Por Stefano Magni (la Nuova Bussola Quotidiana). Traducido por Luis Rivera Colón

            Una pareja de activistas pro-vida investiga un horrible tráfico de tejidos y órganos de niños abortados, y sacan a la luz una realidad desconocida y perturbadora. Podría ser el comienzo de una saga periodística, un Watergate pro-vida. Sin embargo, los periódicos más prestigiosos de Estados Unidos no siguen esta pista y acusan a quien investiga de ser un calumniador. Por otra parte, los dos autores de la investigación, David Daleiden y Sandra Merritt, están siendo juzgados, víctimas de lo que ahora parece ser claramente una persecución judicial, con 15 cargos en su contra, uno de ellos por asociación delictiva. Y quien comenzó este calvario judicial habría sido directamente la administración Obama en 2015.

            El video con cámara oculta incriminado había filmado a peces gordos de Planned Parenthood hablando serenamente sobre la venta de órganos y tejidos de fetos recién abortados, con una lista de precios. Los dos autores del video fueron inmediatamente puestos en la mira del poder judicial por voluntad política, con órdenes muy altas. El testigo Brian Cardwell, en el juicio de Daleiden y Merritt, menciona nombres y apellidos. Era alguacil cuando Loretta Lynch, Fiscal General,  pidió a Kamala Harris, entonces Fiscal General de California, que investigara a los dos activistas pro-vida. Se registró la residencia de Daleiden y Merritt y se incautaron 50,000 archivos de vídeo. Cuatro años después de esos primeros golpes del juicio, Kamala Harris es ahora senadora del Partido Demócrata y candidata primarista a las elecciones presidenciales. 

            “Un caso de persecución judicial y política para encubrir un escándalo“: así lo habrían titulado todos los periódicos, si este caso hubiera ocurrido a la inversa, es decir, si los fiscales hubieran sido republicanos y las víctimas de la justicia política fueran progresistas. Por el contrario, en esto los periodistas eran más papistas que el Papa. Sólo por citar el ejemplo más famoso, el consejo editorial del gran periódico New York Times, definió la investigación como una “campaña de difamación contra Planned Parenthood”, y que los vídeos realizados por los dos activistas pro-vida eran “un intento deshonesto de hacer que las donaciones de tejidos, las cuales son legales, voluntarias (¡sic!) y capaces de salvar vidas, parezcan cosas dañinas e ilegales”. En resumen, los periodistas han actuado como una plataforma para las autoridades. Sin quejarse de ninguna violación de la Primera Enmienda (libertad de expresión), no dijeron una palabra cuando los dos autores de la investigación, ciudadanos libres en busca de la verdad, fueron masacrados por confiscaciones, multas y quince cargos.

            Incluso ahora, el testimonio de que la orden de la investigación comenzó directamente desde la administración de Obama no está en los titulares. Considerando que otras investigaciones, como la del Russiagate, conocemos cada detalle todos los días, es curioso que una historia que involucra directamente al ex presidente Obama y que podría poner de manifiesto su abuso de poder sea reportada sólo por LifeSiteNews y muy pocos otros periódicos pro-vida.

            La administración Obama no era nueva en el abuso de poder, por cierto. Dos años antes de la investigación sobre Planned Partenthood, en 2013, se descubrió que Eric Holder, Fiscal General, predecesor de Loretta Lynch, había revisado los teléfonos de la agencia Associated Press. La agencia de prensa había calculado que al menos cien de sus periodistas habían sido interceptados asiduamente durante meses. En resumen, el presidente más querido por los medios de comunicación espiaba a los medios de comunicación. Sin embargo, a pesar de estar personalmente afectados, los periodistas no se enfrentaron al presidente; no hubo movilización. Todo terminó con una carta de protesta del director de la agencia. En 2012 hubo otro escándalo, diferente, aunque similar: el Servicio de Rentas Internas (IRS), bajo la administración de Obama, golpeó con más controles y más reglas a las asociaciones relacionadas con el Tea Party y los conservadores, al considerarlos colectivamente como sospechosos de evasión fiscal. Nada salió de ello: ningún funcionario fue afectado. El propio Obama, después de expresar una decepción formal, dijo inmediatamente que se trataba de un “falso escándalo”.

            Utilizar las instituciones para encubrir investigaciones y atacar a los opositores políticos, con la complicidad y la bendición de los medios de comunicación: si la administración es progresista, se puede hacer. Y no se trata sólo de Estados Unidos. Esperemos a ver cómo termina la investigación sobre el abuso de Bibbiano en Italia. Porque ya hay más de un par de editores que, en lugar de alentar las investigaciones, están trabajando arduamente para negar o al menos minimizar lo poco que ya ha surgido.

Artículo por Stefano Magni, publicado originalmente bajo el título: “Mai indagare sugli abortifici: re Obama non vuole,” en el sitio web La Nuova Bussola Quotidiana. Traducido por Luis Rivera Colón.