Aborto y Polonia: los obispos contra el acoso de la Unión Europea
Con una carta dirigida al presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, los obispos de la COMECE han criticado la Resolución del 26 de noviembre de 2020 que acusa a Polonia por sus decisiones pro-vida. La misiva desmonta, tratados en mano, las falsedades contenidas en el documento aprobado por 455 eurodiputados. Recuerda que el aborto no es competencia de la UE, y que la vida del no nacido debe protegerse siempre.
Artículo por Ermes Dovico (La Nuova Bussola Quotidiana). Traducido por Luis Rivera Colón
La vida de los no nacidos debe protegerse siempre y el aborto es una cuestión que no es competencia de la Unión Europea. Con una carta breve pero incisiva dirigida al presidente del Parlamento Europeo, David Maria Sassoli, la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea (COMECE) expresó su preocupación por el contenido de la Resolución del 26 de noviembre de 2020 sobre el “Derecho al aborto en Polonia”.
Recordamos que esa resolución, aprobada por una amplísima mayoría (455 votos a favor, 145 en contra, y 71 abstenciones), tiene como objetivo estigmatizar las medidas en defensa de la vida y la familia adoptadas recientemente en Polonia y, en particular, la sentencia del Tribunal Constitucional polaco que el pasado 22 de octubre había declarado inconstitucional el aborto eugenésico, es decir, practicado en caso de probables malformaciones graves en el no nacido. La resolución del 26 de noviembre llega a afirmar que el retraso y la negación del “derecho humano” al aborto “pueden equivaler a tortura y/o trato cruel”. Y a la luz de esta y otras joyas, nunca respaldadas por los tratados a los que torpemente se alude en la misma resolución, se llega a instar a la Comisión Europea “a garantizar la salud y los derechos sexuales y reproductivos incluyendo el derecho al aborto en la próxima estrategia sanitaria europea”. Si se aplicara una estrategia de este tipo, sería un verdadero abuso de poder, que afectaría no sólo a Polonia, sino también a la capacidad de los distintos estados miembros de resistirse a la agenda abortista comunitaria (y mundial).
Por ello, los obispos europeos han decidido intervenir: “La Iglesia Católica, que se esfuerza por apoyar a las mujeres en situaciones de vida derivadas de embarazos difíciles […], pide que se proteja y cuide toda vida no nacida. Toda persona humana está llamada a la vida por Dios y necesita protección, especialmente cuando es más vulnerable”, reza la carta, que lleva la firma del presidente de la COMECE, el arzobispo de Luxemburgo y cardenal Jean-Claude Hollerich, y de los otros cuatro obispos miembros del Comité Permanente de la COMECE, monseñor Mariano Crociata (primer vicepresidente), Franz Josef Overbeck, Noel Treanor, Jan Vokál (vicepresidentes).
La carta, fechada el 22 de febrero, subraya a continuación el error básico de la resolución desde el punto de vista jurídico, consistente en que “ni la legislación de la Unión Europea ni la Convención Europea de Derechos Humanos contemplan el derecho al aborto. La cuestión es competencia de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros”. Los obispos recuerdan que “un principio fundamental de la Unión Europea es el principio de atribución, según el cual la Unión actúa exclusivamente dentro de los límites de las competencias que le confieren los Estados miembros en los Tratados, para alcanzar los objetivos previstos en los mismos (artículo 5.2 del Tratado de la Unión Europea)”.
Dado que el respeto del principio de atribución “es, a su vez, un requisito del Estado de derecho”, los obispos tienen fácil poner de relieve la contradicción en la que caen los miembros del Parlamento Europeo que han votado la resolución: esta, en efecto, se dirige a Polonia en relación con el aborto hablando de “ataque” y “colapso” del Estado de derecho; pero la COMECE, por su parte, señala con razón que “el Estado de derecho exige también el respeto de las pertinencias de los Estados miembros y de las opciones que éstos hacen en el ejercicio de su competencia exclusiva”. Touché. A este respecto, conviene recordar que la expresión “Estado de derecho” se utiliza de forma cada vez más obsesiva en las instituciones comunitarias (como se ha visto recientemente con el ostracismo generalizado hacia Polonia y Hungría y la cuestión de la “condicionalidad” de los fondos europeos) como pretexto para hacer avanzar en todas partes, llamémoslo así, el “Estado de los nuevos derechos”. […]
Dicho esto, en la carta de los obispos hay otra referencia importante, que incluye de nuevo la mención del reconocimiento legal pertinente: “La COMECE también está alarmada por el hecho de que la resolución parece cuestionar el derecho fundamental a la objeción de conciencia, que se deriva de la libertad de conciencia (artículo 10.1 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Esto es especialmente preocupante si se tiene en cuenta que en el sector sanitario los objetores de conciencia son, en muchos casos, objeto de discriminación”.
En cuanto a la “no discriminación” y la “igualdad de trato”, hay que decir que estas expresiones también se utilizan varias veces en la resolución. Por ello, los obispos escriben: “Nos preocupa que el principio de no discriminación pueda utilizarse para ampliar o borrar los límites de las competencias de la Unión Europea. Esto también violaría el artículo 51.2 de la Carta de la Unión Europea […]”.
El último punto concreto de la COMECE se refiere a otro punto inquietante de la resolución del Europarlamento: “También constatamos con amargura -afirman los obispos, siempre manteniendo un tono moderado- que no se expresaba en el texto ninguna condena ni mucho menos solidaridad respecto a los inaceptables ataques a las iglesias y lugares de culto, que tuvieron lugar en Polonia en el contexto de las protestas vinculadas a esta ley”, desde las horas inmediatamente posteriores a la citada sentencia de octubre del Tribunal Constitucional.
En esos ataques, alimentados por una campaña internacional, grupos de personas LGBT y abortistas impidieron la celebración de misas, pintarrajearon y devastaron iglesias, vandalizaron estatuas de San Juan Pablo II, gritaron consignas contra el clero, etc., sin mencionar la violencia generalizada fuera de los lugares de culto. Pues bien, la resolución aprobada por 455 eurodiputados expresa la solidaridad con los manifestantes… sin hacer ninguna crítica a los mismos. Esto contribuye a fomentar los disturbios y a aumentar la persecución.
Los obispos concluyen haciendo notar a Sassoli, e implícitamente a todo el Europarlamento, que “la resolución tendrá un impacto fuertemente negativo en la forma en que la Unión es percibida por los Estados miembros”. ¿Continuará el acoso institucional de una UE que niega sus propias raíces europeas o se atenderán las justas llamadas de los obispos?
Artículo por Ermes Dovico, publicado originalmente bajo el título: “Aborto e Polonia, i vescovi contro il bullismo targato UE“ en el sitio web La Nuova Bussola Quotidiana. Traducido por Luis Rivera Colón.
