Responsabilidad moral del voto

Oficina de comunicaciones, Diócesis de Arecibo.

A Juan el Bautista le costó la cabeza y a Santo Tomás Moro, su carrera política como legislador, todas sus posesiones y hasta la vida.

Y es que cuando se trata de la verdad moral frente al Estado, la sangre de los mártires siempre aparece.

En el caso de Juan el Bautista, proclamó la verdad sobre el adulterio: la infidelidad está mal, aún cuando la cometa un gobernante. Santo Tomás Moro se negó a legalizar el divorcio. Por eso, perdió su carrera política, y, siendo un hombre casado, estuvo dispuesto a perder la vida antes de aprobar esa ley que iba en contra de la ley de Dios.

Hoy, la doctrina de la Iglesia Católica sigue siendo clara: “la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral”, según explica la “Nota Doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política”.

Para quienes falsamente piensan que puede haber “buenos candidatos” aunque apoyen el aborto, ya la nota de El Vaticano respondió desde el año 2002: “quienes se comprometen directamente en la acción legislativa tienen la «precisa obligación de oponerse» a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes, y a ninguno de ellos les está permitido apoyarlas con el propio voto”.

“Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales e irrenunciables, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral, que concierne al bien integral de la persona. Este es el caso de las leyes civiles en materia de aborto y eutanasia (que no hay que confundir con la renuncia al ensañamiento terapéutico, que es moralmente legítima), que deben tutelar el derecho primario a la vida desde de su concepción hasta su término natural. Del mismo modo, hay que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano. Análogamente, debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad, frente a las leyes modernas sobre el divorcio. A la familia no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir, en cuánto tales, reconocimiento legal. Así también, la libertad de los padres en la educación de sus hijos es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones internacionales de los derechos humanos”, explica la Nota Doctrinal.

Las opiniones públicas de los candidatos se convierten en la manera de gobernar: en cómo se usan los fondos públicos y las agencias gubernamentales para hacer más fácil el aborto o, por el contrario, ofrecerle a las embarazadas en crisis alternativas para que no tengan que recurrir al aborto. La vida de los seres humanos más indefensos está en las manos de los votantes.

Comunicado originalmente publicado en la página web de la Diócesis de Arecibo.

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