Representante denuncia medidas dictatoriales de vacuna COVID

“El gobernador no tiene autoridad para promulgar órdenes ejecutivas que vayan por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Constitución Federal, la Constitución de Puerto Rico y nuestras leyes”, expresó la Representante Lisie Burgos.

COMUNICADO DE PRENSA

Portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes a la Ofensiva por acciones inconstitucionales de patronos y la Rama Ejecutiva

[El Capitolio, San Juan, PR – 17 de agosto de 2021] La Portavoz de Proyecto Dignidad en la Cámara de Representantes, Lisie J. Burgos Muñiz, ha radicado varias medidas en respuesta a los reclamos de un gran sector del pueblo por las acciones inconstitucionales de varios patronos, profesionales de la salud y de la Rama Ejecutiva.

“Desde finales de marzo del año en curso comencé a recibir una avalancha de llamadas y correos electrónicos de empleados cuyos patronos los estaban amenazando con despojarlos de sus empleos si no se vacunaban contra el COVID-19”, expresó la Representante por Acumulación.

“Por considerar abusivas, arbitrarias, caprichosas, ilegales, inmorales y sospechosas estas actuaciones por parte de los patronos, el 11 de mayo de 2021 radiqué el Proyecto de la Cámara 795 para crear la Ley para prohibir el discrimen en el empleo por razón de negarse a ser vacunado contra el COVID-19, el cual no fue atendido en la pasada Sesión Legislativa.

Por otro lado, el 19 de julio el gobernador interino Omar Marrero abrió la puerta para que el gobierno obligara a los ciudadanos a vacunarse contra el COVID-19. Además, el 28 de julio el gobernador Pedro Pierluisi, emitió la orden ejecutiva 2021-058 para requerir a los empleados de la Rama Ejecutiva vacunarse contra el COVID-19 como requisito para poder trabajar de manera presencial. No conforme con esto, el 5 de agosto el Gobernador volvió al ataque con la Orden Ejecutiva 2021-062 para requerir la vacuna contra el COVID-19 a los contratistas de la Rama Ejecutiva, así como en los sectores de salud y hospederías. Es una orden más restrictiva para ir cerrando el cerco a las personas que mantienen una postura firme sobre no vacunarse, secuestra aún más los derechos y libertades de nuestros ciudadanos, y lo más peligroso, crea clasificaciones de personas (vacunadas y no vacunadas) tipo dictadura (énfasis añadido). Hiere la retina ver que esta orden cruza los linderos de legalidad al ampararse ultra vires en la sección 5.14 de la Ley 20-2017 y al Artículo 33 de la Ley Orgánica del Departamento de Salud para justificar la imposición de sanciones legales, multas de hasta $5,000 y pena de reclusión de seis meses o ambas.

El 11 de agosto de forma precipitada el gobernador vuelve a la carga con otra Orden Ejecutiva 2021-063, para requerir la vacunación obligatoria y el cernimiento contra el COVID-19 en los sectores de los restaurantes, barras, teatros, coliseos, centros de actividades, entre otros. Es evidente que la nueva orden es para seguir aumentando la presión contra los no vacunados, nuevamente, de forma ultra vires, entra a regular el sector privado e implementa una tarjeta de vacunación digital como una apariencia de carpeteo, hostigamiento y persecución para los no vacunados.

El gobernador de Puerto Rico ignora que las órdenes ejecutivas tienen unos parámetros constitucionales y legales. La propia Ley del Departamento de Seguridad Pública establece que en un estado de emergencia se pueden promulgar órdenes ejecutivas para enmendar y revocar aquellos reglamentos (no leyes) y emitir, enmendar y rescindir aquellas órdenes (no leyes) que estime convenientes para regir durante el estado de emergencia o desastre. El gobernador no tiene autoridad para promulgar órdenes ejecutivas que vayan por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, la Constitución Federal, la Constitución de Puerto Rico y nuestras leyes (énfasis añadido). En el Artículo VI, Sección 17 de nuestra Constitución es donde único se hace referencia a una epidemia para fines de autorizar al gobernador a convocar a la Asamblea Legislativa para reunirse fuera del sitio en que tengan su asiento las cámaras, sujeto a la aprobación o desaprobación de la Asamblea Legislativa. Por lo que, la toma de decisiones no es un asunto exclusivo del Gobernador de Puerto Rico”, añadió Burgos Muñiz.

“Luego de esta hemorragia de órdenes ejecutivas, aumentó considerablemente el número de correos, mensajes y llamadas de personas desesperadas por este atropello, entre éstas, muchas madres solteras que están a punto de perder su trabajo por no estar dispuestas a prestar sus cuerpos para lo que ellas consideran un experimento en violación a su DIGNIDAD humana y, lo más preocupante, personas que alegan que no se les ha brindado asistencia médica para sus condiciones prexistentes y citas de seguimiento por no estar vacunados contra el COVID-19”, resaltó la Presidente de la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores.

El pasado 11 de agosto del año en curso, Burgos Muñiz radicó la Resolución de la Cámara 447 para investigar el manejo cuestionable de la pandemia por parte del Ejecutivo y también el Proyecto de la Cámara 897 para prohibir la vacunación compulsoria contra el COVID-19 en escuelas e Instituciones Universitarias, ya sea pública o privada. También, durante el día de hoy anunció que radicará un Proyecto en la Cámara para que no se le nieguen servicios de salud a las personas, por el simple hecho de no estar vacunados contra el COVID-19.

“Les recuerdo a mis compañeros legisladores que fuera de las paredes de mármol existen seres humanos sufriendo efectos mentales adversos, pérdidas de empleo y enfrentando restricciones para poder trabajar. Lo más ilógico son los discrímenes hasta para ir a comer y/o entretenerse. No podemos ser inconsistentes entre lo que hacemos y lo que prometimos en tiempo de campaña. El pueblo ya despertó y está alerta y vigilante de todas las actuaciones de los funcionarios electos”, manifestó la Representante por Acumulación.

La Portavoz de Proyecto Dignidad exhorta por este medio a la Asamblea Legislativa a atender con premura estas medidas para darle sosiego a toda la ciudadanía. “Actuar con sensatez en estos momentos de inestabilidad, no solo es nuestra responsabilidad sino nuestro mayor deber”, finalizó Burgos Muñiz.

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Comunicado Publicado en la Página Oficial de Facebook de la Representante Lisie J. Burgos Muñiz.