Obispo de Arecibo Pide Defender la Vida, Familia, y Libertad Religiosa en Nuevo Código Civil

En respuesta a la invitación al simposio “Propuestas para un nuevo Código Civil,” el Obispo de Arecibo, Monseñor Daniel Fernández Torres, pidió defender la Cultura de la Vida, la familia, y la libertad religiosa. En sus sugerencias enviadas al presidente de la Cámara, Hon. Carlos “Johnny” Méndez; la presidenta de la Comisión Conjunta Permanente para la Revisión y Reforma del Código Civil, Hon. María Milagros Charbonier, y demás miembros de la legislatura, Monseñor Fernández Torres destacó:

“mi intervención no pretende entrar en particularidades sobre la redacción de ésta o ninguna otra ley, pues corresponde a los laicos, no a los Obispos, ordenar las realidades temporales de acuerdo a los valores del Reino. Por lo tanto, me limito, como padre y pastor de la Iglesia que peregrina en la Diócesis de Arecibo, a recordar las verdades fundamentales sobre la naturaleza del ser humano y sus derechos, que hunden sus raíces en el derecho natural reconocido en el preámbulo de nuestra Constitución.”

Derecho a la vida desde su concepción hasta su muerte natural

El Obispo recalcó que “el derecho fundamental de todo ser humano a la vida, desde el momento mismo de la concepción hasta la muerte natural,” “debe ser respetado y protegido.” “Más allá de toda decisión de cualquier tribunal, todo laico católico con una conciencia bien formada está obligado a proteger este derecho fundamental de todo ser humano. La inviolable dignidad del ser humano surge de su ser creado a imagen de Dios, por lo que esta dignidad no disminuye en ninguna de las etapas de su existencia, ya sea que esté en sus primeras etapas del desarrollo pre-natal o en la vejez. Tampoco disminuye ante la enfermedad, ni por ninguna condición física o mental, ni por la pobreza, ni por nuestras malas acciones o delitos, pues el mismo Dios hace salir el sol sobre buenos y malos.

Todo legislador católico tiene la obligación moral de proteger este derecho. Más aún, en los casos en que exista una legislación que abiertamente imponga el aborto o la eutanasia, los legisladores católicos están llamados a tomar acción, oponiéndose a la misma. En los casos en que esta legislación de hecho esté aprobada y sea imposible revocarla, se puede evocar el principio de un “mal menor” para tratar de hacer todo lo que está en sus manos para proteger la vida de los seres humanos que pudiesen estar siendo amenazados por esta ley injusta.

Derecho a la libertad religiosa

De igual modo, todos los ciudadanos tienen el derecho de poder ejercer la objeción por conciencia. Este derecho fundamental de todo ciudadano a vivir sus profundas convicciones de fe y de moral debe ser protegido por el estado. Nadie debe ser obligado a hacer algo que va en contra de sus más profundas convicciones. Ningún ciudadano debe ser obligado a ir en contra de su fe. Por eso, la objeción por conciencia debe ser protegida no solamente ante las invasiones del estado como parte de la libertad religiosa consignada en nuestra Constitución, sino también en los diferentes escenarios de su vida laboral y personal, aún cuando sea una controversia entre ciudadanos privados.

En ese sentido, no sólo debe ser protegida la libertad religiosa de las instituciones, sino también de cada ciudadano, pues la persona humana antecede al estado y es el derecho de la persona a ser protegida lo que le permite al Estado existir.

[C]omo una parte fundamental de ese derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos está el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus convicciones. Este derecho incluye pero no se limita a la libertad de poder escoger las instituciones educativas que vayan acorde con sus valores y principios. Esta libertad de los padres abarca también a los padres pobres y a los más vulnerables, por lo que debe ser protegida de toda acción del estado que pretenda imponer unas ideologías que sean contrarias a las más profundas convicciones de fe de los padres que, ante la crisis económica que enfrenta nuestro país, se ven obligados a matricular a sus hijos en las escuelas públicas.”

Derecho de un niño a tener un papá y una mamá

El Obispo también llamó “la atención ante el derecho fundamental que tiene todo niño a “recibir el amor de una madre y de un padre, ambos necesarios para su maduración íntegra y armoniosa.” […] ese derecho de todo niño de tener un papá y una mamá debe ser protegido, tanto en materia de adopción como de la procreación asistida. Esta última, además de atentar contra la dignidad del ser humano concebido cuando lo convierte en sujeto de descarte, objeto excedente, producto de experimentación, […] se convierte en una forma de esclavitud moderna cuando se mercantiliza la vida.”

Protección de la Familia: Célula de la Sociedad

Monseñor Fernández Torres finalizó reiterando “que ningún tribunal ni ningún ser humano puede cambiar la verdad sobre la naturaleza humana. En ese sentido, el matrimonio no es una invención de las personas, sino que está inscrito en la misma naturaleza del ser humano. Por ello, sólo es posible entre un hombre y una mujer. La familia, tal como fue instituida por el Creador, debe ser siempre protegida en su estabilidad, debe ser reconocida en su función social insustituible e incomparable cómo célula misma de la sociedad y promovida, por el mejor bienestar de nuestros niños. Ya nuestra sociedad está sufriendo las consecuencias de no haber protegido esta institución fundamental, con la terrible ola de divorcios y de relaciones sin compromiso, que han llevado a nuestras mujeres y a los niños en muchas ocasiones a la pobreza y el sufrimiento. Las leyes deben reconocer y proteger los derechos de la familia. No solamente de las personas como individuos, sino también de la familia como institución. La familia tiene derecho a la existencia. Cuando el estado no protege a la familia, se dirige hacia la destrucción de la sociedad y esto ocurre porque cuando la ley se aparta de la verdad, se convierte en una dictadura.”

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