La Verdadera Aberración
En su Blog del Director del periódico El Nuevo Día del 14 de enero de 2008, Luis Alberto Ferré Rangel publicó un comunicado titulado “Una aberración constitucional”. En éste tilda de “aberración política” el que la “Constitución de Puerto Rico sea enmendada para legitimar el matrimonio entre hombre y mujer” y se opone a la aprobación de la Resolución 99. Este blog nos recuerda el artículo “A la Carga Hoy los Pastores” de Israel Rodríguez Sánchez, publicado ese mismo día en el rotativo, que destaca que “miles de fundamentalistas y activistas de derechos civiles se manifestarán a favor o en contra de la resolución 99.” En el espacio de un breve artículo se repite cinco veces el epíteto “fundamentalista” al referirse a los que apoyan la medida. Es decir, los manifestantes no son ciudadanos que ejercen su derecho a la libre expresión sobre un asunto que nos atañe a todos, sino “fundamentalistas”.
¿Cumplen estos mensajes la misión del periodismo en una sociedad democrática de contribuir a que el ciudadano conozca unos asuntos y pueda formar un juicio informado? Sorprende que el rotativo de mayor circulación en Puerto Rico se utilice para repetir las mismas falacias y estereotipos que hemos escuchado con tanta frecuencia y que tienden a desviar la atención y prejuiciar al lector.
La frase “la moral no se puede legislar” (que utiliza el Sr. Ferré Rangel en su blog) se ha convertido en uno de los caballitos de batalla para los que tiran una cortina de humo sobre el verdadero debate. Si bien la ley no es sinónimo de ética o moralidad, hay unas colindancias que no podemos ignorar, so pena de desembocar en un sistema desordenado que imposibilita el desarrollo individual y social. ¿Por qué muchos de los que se oponen a la Resolución 99 favorecieron la Ley Núm. 54 para la prevención e intervención con la violencia doméstica? ¿Por qué abogan por leyes antidiscrimen o anticontaminación ambiental? ¿Por qué apoyan aquéllas que protegen los derechos de los trabajadores y los consumidores? Claramente, sí se legisla en contra de prácticas inmorales, en particular cuando éstas tienen repercusiones sociales graves.
Por otro lado, la mera noción de derechos civiles está anclada en la ética. El derecho a la vida y a la libertad de expresión, entre otros derechos básicos, se desprenden de la realidad de que los seres humanos, como personas, tienen un valor intrínseco que no es reducible a su productividad o aportación. Es correcto que legalmente se protejan estos derechos básicos cuya legitimidad ética es obvia. Afirmar que “la moralidad no se legisla” pasa por alto esta realidad.
La Resolución 99 ofrecería a nuestro Pueblo la oportunidad de expresarse sobre la enmienda constitucional que define el matrimonio como “unión legal entre un hombre y una mujer, de conformidad con su original sexo de nacimiento”. La verdadera aberración es que en un periódico, cuya principal razón de ser en un país democrático es el derecho a la libre expresión, se abogue porque el Pueblo no pueda ejercer este derecho ante un asunto tan trascendental. Tergiversar la información y usar estereotipos y falacias sesga la opinión pública y entorpece el ejercicio del derecho a la libre expresión. Esto sí es, en efecto, fundamentalismo.
